La protección de los consumidores II

Uno de los aspectos que más interesan al consumidor a la hora de comprar un producto es la garantía del mismo. Salvo contadas excepciones, todos los fabricantes se adecúan a los dos años, mínimo legal obligatorio para productos nuevos, como plazo de cobertura pero, ¿cómo ejercitamos nuestro derecho?

EspacioNoticias | Legal

En el último artículo tratamos con o que la ley establece en cuestión de garantías, aunque es cierto que lo que la realidad nos ofrece no siempre se parece a la ley. Por una vez, parece que el legislador sí que ha optado por bajar a pié de calle y afrontar los problemas de una forma más práctica, más cercana a la realidad que impera en el tráfico económico de los productos de consumo.

Quizás por eso se ha tasado por la ley un plazo legal durante el que los problemas surgidos en nuestro artículo se entenderán como responsabilidad, siempre y cuando no exista un evidente mal uso, del fabricante o vendedor. Y es que en la práctica, no siempre es fácil que quien nos haya vendido el artículo asuma como su responsabilidad problemas que surgen tiempo después de la venta si no está claro que puedan ser atribuibles al normal funcionamiento del producto. Así, el Real Decreto 1/2007 nos refiere un plazo de seis meses durante el que los defectos que surjan en los productos, tanto nuevos como de segunda mano, serán responsabilidad del vendedor.

Debido a este plazo, será fundamental que comuniquemos al vendedor durante este plazo de tiempo cualquier inconveniente que surja en nuestra compra, puesto que nos ahorraremos problemas innecesarios derivados de la posibilidad de que tengamos que probar en situaciones controvertidas que el fallo se debe a un defecto del propio artículo y no es una consecuencia de un uso incorrecto. Y ello a pesar de que la ley nos concede un plazo de dos meses para comunicar el defecto de que adolezca el producto, a contar desde la fecha de su aparición. Este plazo de dos meses no conllevará la prescripción de la responsabilidad, pero sí que disminuirá la misma en función de lo que la tardanza pueda haber agravado la situación.

La norma establece también un plazo legal a los efectos de tener que compeler judicialmente al fabricante o vendedor a cumplir con las prescripciones legales relativas a la garantía. Este plazo será de tres años a contar desde la entrega del producto. Quizás hubiese sido más acertado que el plazo empezase a contar en la fecha de aparición del defecto, pues si el problema surge durante el segundo año, tendremos la mitad de tiempo para plantear la oportuna reclamación que si aparece durante los primeros días, siendo como es que suelen resultar más conflictivos los problemas que aparecen durante el tramo final del periodo de garantía. Aún así, podría parecer que el plazo sigue siendo suficientemente holgado como para que el consumidor se decida por acudir o no a los tribunales. Sin embargo y en la práctica, lo habitual suele ser que antes de acudir a la justicia tanto consumidor como vendedor mantengan un periodo de negociación intentando resolver la cuestión litigiosa, con lo que el plazo de tres años podría no ser ya tan extenso como parece.

Otro aspecto que puede preocupar al consumidor es el de la fiabilidad del vendedor, que en ocasiones prefieren pagar un sobrecoste por obtener un mejor servicio postventa directamente del vendedor. Sin embargo, si hemos hecho una compra en un establecimiento problemático, o que simplemente ha cerrado, también la norma ha pensado en nosotros. Así, nos permite reclamar directamente contra el fabricante en caso de ser imposible o muy gravoso para el consumidor reclamar contra el vendedor, siempre y cuando la falta de conformidad del producto “se refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan”. La solución es correcta, aunque posiblemente de difícil aplicación si el vendedor ya ha cerrado y el producto carece de canal de fabricación o distribución en España, y prácticamente imposible si careciese de ellos en la Unión Europea.

En último caso, parece que la normativa en materia de garantías es correcta, no excesivamente protectora para el consumidor, lo que provocaría un exceso de situaciones abusivas que seguramente redundaría en unos precios más altos para defenderse de consumidores maliciosos, ni excesivamente laxa como para dar manga ancha a vendedores y fabricantes a la hora de asumir sus responsabilidades. Sea como fuere, parece que en última instancia sigue siendo el buen criterio del comprador a la hora de escoger fabricantes y vendedores con presencia dentro de la Unión Europea y amoldados a la normativa interna, lo que le otorgará mayor seguridad ante los defectos de que su producto pueda adolecer.

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